Publicado originalmente en elblog.com, 25 de octubre, 2013

Es ridículo que el Tribunal Supremo Electoral aluda al derecho de libre expresión del presidente para justificar su uso propagandístico de los medios de comunicación estatales. Acordémonos que como presidente no tiene derechos, tiene obligaciones y deberes. Derechos solo los tiene como ciudadano, y esos son derechos que debemos tener todos los ciudadanos por igual.

Si al ciudadano-presidente se le permite un espacio de comunicación subsidiado por los contribuyentes, todos los ciudadanos deberíamos tener al igual que él el mismo derecho a llegar a decir lo que se nos venga en gana, incluyendo propaganda partidaria, a los medios de comunicación estatales. De lo contrario es un privilegio del cual está gozando el señor Funes que constituye un claro abuso de su poder.

Si el presidente Funes quiere hacer propaganda política fuera de sus funciones públicas, mientras éticamente incorrecto, está en todo derecho de hacerlo, siempre y cuando sea mediante recursos propios y privados, no siendo financiado y subsidiado con dineros públicos que aportamos los contribuyentes a las arcas del Estado.

Suficiente la indignación que nos causa a los ciudadanos el saber que estamos subsidiando los lujos y caprichos de nuestro gobernante y sus allegados, para que por encima de eso también tengamos que pagar con nuestros impuestos para escuchar al señor presidente insultar, ofender y calumniar sin reparo alguno a quién se le antoje por la razón que se le ocurra.

El ser falto de prudencia y de decencia no es ilegal, pero lo que sí debería ser ilegal es el uso de fondos públicos, incluyendo el uso de medios de comunicación estatales, para hacer política partidaria y propaganda electoral. Si los medios  de comunicación estatales tienen alguna justificación para existir, debe ser con fines culturales, educativos e informativos. No tiene porque ningún medio estatal tener contenido político, mucho menos ataques personales a figuras opositoras.

Es extremadamente peligroso, no solo el comportamiento nocivo de nuestro presidente, sino el modelo de gestión presidencial que está desarrollando. Los niveles de intolerancia que son tan característico del señor Funes se empiezan a traducir en más que solo despechos y calumnias. Estamos viendo como la maquinaria estatal está empezando a ser utilizada como herramienta de persecución política. Persecución que se está llevando a cabo con la doble intención de manipular los resultados electorales y de ocultar actos de corrupción por allegados a este gobierno.

Si el  señor Funes quiere un micrófono para despotricar contra cualquier incomodidad que le surja, que él mismo pague la fiesta, el local y el sistema de sonido, porque a mí me indigna que mi dinero esté siendo utilizado para atropellar la ética, la moral, la ley y la democracia en nuestro país.