Originlamente publicado en elblog.com, 14 de noviembre 2013

Hay un error fundamental en la argumentación. A quién se ha defraudado no es al Estado, es al pueblo salvadoreño. Hay una gran diferencia que buscan esconder. Preguntémonos quién se está beneficiando realmente. Busquemos donde va a parar el dinero que pagamos los salvadoreños. Persigamos la corrupción, con toda la fuerza de la ley, pero de forma honesta, transparente y completa. Lastimosamente el caso actual es de una persecución selectiva, con intenciones cuestionables y con demasiados agujeros.

Primero, para entender todo lo que está sucediendo, debemos preguntarnos cuál debe ser el objetivo de la política energética. ¿Debe la política energética estar enfocada en generar los mayores recursos posibles para el Estado? Acordémonos que el Estado no existe como una entidad propia, es el conjunto de individuos que lo manejan, es decir, los políticos y funcionarios de turno. ¿O, por el contrario, debe la política energética estar enfocada en la mayor energía al menor costo para todos los salvadoreños?

Estoy seguro que todos compartieran mi opinión que debe ser la segunda opción. La primera es inviable, ya que son los mismos salvadoreños quienes pagan la factura eléctrica, por lo cual, si la política energética estuviera enfocada en conseguir los mayores recursos para el Estado, significaría que los ciudadanos salvadoreños estuvieran subsidiando al Estado y a los funcionarios públicos, funcionando entonces como un impuesto oculto adicional a todos los salvadoreños. Esto es exactamente lo que está sucediendo hoy.

Estudios recientes han demostrado que nos están cobrando la energía eléctrica 20% más cara de lo que realmente es. Adicional a esto, el mal manejo de la política energética ha causado un déficit de inversión en la creación de capacidad de producción de energía. Con una adecuada inversión en el sector y con un mejor manejo de dicha política, los salvadoreños estuvieran pagando mucho menos por la electricidad. Por el contrario, no solo tenemos energía cara, sino que nos están cobrando un 20% más de lo necesario en nuestras facturas, lo cual en realidad es un impuesto oculto.

¿Adónde va a parar este dinero adicional que pagamos? Veamos el caso particular de la INE. La INE es una SA de CV a la cual la CEL le entregó sus acciones de LaGeo, una movida muy cuestionada y oscura la cuál por alguna razón no ha figurado en las recientes investigaciones de la Fiscalía. Algo están tratando de esconder aquí. Mientras esas acciones pertenecían a la CEL, los fondos que se recibían por la producción geotérmica de LaGeo eran auditables. Hoy que estas acciones pertenecen a INE, una empresa privada, esos fondos no son auditables. Entonces, ¿qué hace la INE con todo el dinero que está recibiendo, con todo el sobreprecio del 20% sobre la factura eléctrica? No podemos saber, y están haciendo lo posible para distraernos del caso, lo cual lo hace muy sospechoso.

Me surgen varias preguntas. ¿Por qué la Fiscalía no investiga a la INE? ¿Qué criterio discrecional se utilizó para definir que solo se investigaría a un grupo específico de personas y no a todos los involucrados en el caso? ¿Por qué hasta hoy, en lo más caliente de la contienda electoral? ¿Es coincidencia que el FMLN, ALBA y el Gobierno incrementaron su pauta publicitaria fuertemente en estas fechas? ¿Es coincidencia que las acciones se tomaron en la fecha de aniversario de la Ofensiva hasta el Tope de 1989? Adicionalmente, ver los paralelos que existen entre la forma que la Fiscalía está manejando este caso y como han manejado el caso de la Diego de Holguín, en el cual hasta el Ministro Gerson Martinez expresó que el enfoque de la Fiscalía estaba incompleto, genera bastantes dudas sobre sus verdaderas intenciones.

El caso que se está haciendo en sí es débil. Se les acusa de cumplir una ley que ellos estiman es viciada. En todo caso, si esto fuera cierto, se debería recurrir a un recurso de inconstitucionalidad que abarque la ley completa y todo lo que se ha desarrollado en base a ella, no la persecución de algunas de las personas que cumplieron dicha ley. Todo indica a que se está manejando con propósitos mediáticos y electorales, y se deja la gran sospecha que se está utilizando para encubrir los verdaderos abusos que se están cometiendo desde la INE. Que trasparenten las operaciones de INE y el uso de los dineros que pagan los salvadoreños en sus facturas eléctricas y podremos ver en realidad de que se trata todo esto.

Muchos otros columnistas han expuesto el caso más elocuentemente que lo he podido hacer yo, y al lector le recomiendo no quedarse con esta humilde opinión, sino investigar profundamente el caso. Entre más se busca, más dudas surgen. Hay manejo político detrás de esto. Como ciudadanos no lo podemos permitir. No son solo los derechos de los acusados que se vulneran, son las protecciones institucionales de toda la ciudadanía. Si no nos paramos hoy a defender los derechos de aquellos que han sido acusados injustamente, nadie se parará a defender nuestros derechos cuando estos sean violentados.