Ante la nueva elección de magistrados de la Corte de Cuentas de la República, es de suma importancia que la ciudadanía vele, no solo por el cumplimiento de la ley, lo cual es necesario pero no suficiente, sino más aún por la idoneidad de los candidatos a representar al pueblo salvadoreño en tan crucial función pública.
Ya la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante su sentencia n. 49-2011, dio un importante primer paso en el camino al fortalecimiento institucional al declarar la incompatibilidad entre la militancia o afiliación partidaria y la función de magistrado de la CCR. Pero es, como menciono, un primer paso nada más, ya que la ausencia de afiliación partidaria es meramente una tecnicidad que no nos asegura la ausencia de compromisos, presiones o conflictos de interés que interfieran con el fiel cumplimiento de las obligaciones que dicho puesto conlleva.
Históricamente, los magistrados de la Corte de Cuentas de la República han sido nombrados en base a cuotas partidarias, con el compromiso de serle fiel al mandatario de turno y a sus promotores, desnaturalizando así la función que la institución está constitucional y moralmente obligada a cumplir. La independencia de los entes controladores es una garantía necesaria para el funcionamiento del sistema de pesos y contra pesos que le pone candados y controles a las ambiciones e incentivos perversos que naturalmente acompañan al ejercicio del poder.
Es imprescindible que los funcionarios de aquellas instituciones públicas que deben velar por que los funcionarios y los partidos políticos cumplan las leyes, estén libres de presiones y compromisos con las mismas personas e instituciones cuyas actuaciones deben juzgar. Los conflictos de interés y la discrecionalidad son cánceres que destruyen la salud institucional de una sociedad, destruyendo en el proceso la vitalidad económica, la fortitud moral, el tejido social y la rectitud política, elementos necesarios para que una nación pueda prosperar, y para que sus ciudadanos tengan la oportunidad de mejorar sus vidas.
El financiamiento de los partidos políticos y las campañas de sus candidatos, y el uso de fondos públicos, son temas de tal trascendencia, que pueden marcar la diferencia entre una nación en el rumbo al desarrollo y el bienestar colectivo, y una nación capturada por intereses particulares enrumbada hacia la pobreza y la miseria de las grandes mayorías. Las naciones dan importantes pasos cualitativos hacia el desarrollo cuando, enfrentando disyuntivas de esta naturaleza, que contraponen los intereses de la nación y la ciudadanía ante los intereses políticos y sectarios, logra imperar la institucionalidad y así fortalecerse el Estado de Derecho.
Reitero, no es suficientemente cumplir con el texto de la ley. Nuestros diputados deben, ante el mandato moral y ético que implica ser representante del pueblo ante la Asamblea Legislativa, cumplir con el espíritu de los textos constitucionales y legales respectivos, eligiendo a la Corte de Cuentas de la República personas de competencia y honradez notorias, independientes, no solo de afiliación, sino también de vinculaciones partidarias y compromisos hacia grupos que puedan beneficiarse de un actuar discrecional en dicha institución pública.
Es de suma importancia que la ciudadanía, cómo contrapeso necesario a los intereses políticos, presione activamente por que se cumplan estas consideraciones en la pronta elección de los nuevos magistrados a la CCR. También deben promover que se avancen las reformas políticas necesarias que fortalezcan la institucionalidad y aseguren la elección de las personas idóneas a estos cargos. En este sentido, ya FUSADES ha recomendado reformas que establezcan que dicha elección se deba hacer por mayoría calificada, que se haga de forma escalonada y que se separen las funciones de fiscalización de las jurisdiccionales, adicional a fortalecer la prohibición a la afiliación y vinculación partidaria.
El progreso de la nación y el bienestar de su pueblo se logran mediante la lucha constante en favor de la institucionalidad, la justicia y la libertad. Esta lucha se desenvuelve concretamente en coyunturas específicas, cómo lo son las elecciones de funcionarios de segundo grado, entre muchas otras. Asegurémonos que como país tomemos este paso en la dirección correcta.
Rodrigo Molina Rochac 