Mientras mucho se habla en el tema de seguridad sobre como combatir al crimen organizado, las peores mafias son las que controlan nuestras instituciones públicas.

Es de conocer común (pero nunca oficial) que los políticos se financian, tanto para sus campañas como para enriquecer sus estilos de vida, de fondos públicos y actos de corrupción.

Sabemos que Casa Presidencial por mucho tiempo a sido caja chica para campañas electorales, compra de voluntades y lujos extravagantes.

Función similar ha tenido CEL, y hoy más que nunca tendrán el resto de Autónomas, que seguro son repartidas políticamente para llenar las bolsas que de momento a momento conviene.

Ni decir los multimillonarios gastos de la Asamblea Legislativa. Como muestra, la semana pasada se dejaron ver los diputados Gallegos y Merino con presencia en el partido del Barca, seguramente en algún viaje “oficial” de suma importancia, claro, financiado por nosotros, los contribuyentes.

ALBA petróleos, que nació ofreciendo gasolina barata al pueblo salvadoreño, hoy paga los lujos de la nueva burguesía roja y financia sus ambiciones políticas. ¿Y la gasolina barata? Un efímero sueño empeñado para pagarle a los nuevos dueños de la finca.

Pero, y en todo esto ¿no está cumpliendo la Corte de Cuentas se función de contarle las costillas a los políticos para asegurar el buen uso de los impuestos que los salvadoreños pagamos? Mientras sean los mismos políticos, con las manos pegajosas dentro de la caja registradora, los que negocian y eligen a quienes suponen auditarlos, los salvadoreños terminaremos siempre con la espalda quebrada y el bolsillo vació. (Quién crea que la Corte de Cuentas cuenta con la más mínima pizca de credibilidad, averigüe nada más quien la compone, incluyendo el presidente de cierto partido naranja).

Las instituciones públicas, como la Corte de Cuentas y cualquier otro ente que supone fungir algún rol auditor, se vuelven así organismos criminales con el propósito de asegurarse que los políticos se mantengan las colas pateadas entre si. Las negociaciones que se dan entre las fuerzas políticas para nombrar a estos funcionarios públicos tienen como objetivo real repartirse botines, patearse las colas, y asegurar sus mal obtenidos bienes, y privilegios.

Mientras no se reformen los mecanismos a través de los cuales se eligen a los funcionarios que suponen cumplir un rol auditor, fiscalizador y de regulación de los poderes políticos, seguiremos en un espiral descendiente que rápidamente está destruyendo a nuestro país y nuestros futuros. Pero si dejamos que estos mismos políticos sigan tomando las decisiones, estas reformas nunca se darán. Nos vemos obligados moralmente entonces a tomar el paso hacia el involucramiento político. Si gente honesta invadiéramos los partidos políticos, no habría forma que escondieran tanto chanchuyo con impunidad total. Es tiempo de que nos abramos nuestros propios espacios.