La poca legitimidad que aun preserva el Estado salvadoreño yace en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de nuestra República. Todas las instituciones públicas han sido corrompidas e instrumentalizadas para cumplir fines ajenos a la protección de los derechos ciudadanos. Esto incluye la Sala de lo Constitucional a través de su presidente Salomón Padilla, quién fue nombrado a dicha posición con propósitos contrarios a lo que establece la Constitución de la República.

Es la existencia y actuar de 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional que mantiene los únicos contrapesos democráticos aun efectivos en nuestra sociedad para prevenir que el sistema político termine de colapsar por completo en una tiranía pseudo-democrática dirigida por una mal llamada élite política corrompida que está destruyendo nuestra República para satisfacer sus ilegítimas ambiciones de poder y riqueza.

Son estos 4 magistrados la única barrera institucional restante a estas perversas pretensiones de inescrupulosos políticos. Es de entender que cuando el poder pierde su legitimidad, en función son poco más que una  mafia, y esta mafia política está haciendo todo lo posible por destituir a estos 4 magistrados para poder controlar un su totalidad el Estado salvadoreño con el fin de instrumentalizarlo en su propio beneficio, sin considerar las nefastas consecuencias que dichas acciones están causando al pueblo salvadoreño.

Hay momentos en la historia de toda nación en que las fuerzas sociales, y todos los individuos que las componen, deben alinearse ya sea del lado del bien o del mal. Momentos que definen cursos irreversibles y fijan el destino de generaciones completas, presentes y futuras. Este es uno de estos momentos. Debemos entender que lo que está en juego no es solamente el capricho de políticos infantiles. En el fondo, lo que está en juego es la sobrevivencia de la República salvadoreña. Es momento de definir clara y públicamente de qué lado de la historia estamos y actuar en defensa de lo que pregonamos.

No bastarán tímidas defensas por parte de aquellos que siendo parte del sistema y teniendo acceso al escenario público han declarado ser defensores de la República y los derechos ciudadanos, pero han fallado en efectuar una clara, sólida e incondicional defensa de los principios morales y políticos de una sociedad libre. Demandamos entonces de nuestros representantes que tomen una posición pública, fuerte y sin excusas en defensa de los 4 magistrados de la Sala de lo Constitucional y en contra de todas las pretensiones y medidas que atenten contra la República y nuestros derechos. Cumplan con esta imperativa ciudadana o buscaremos alternativas a nuestra representación política y pasarán ustedes a la historia como parte más de la clase política que intentó destruir nuestra sagrada República.