Los derechos humanos no aplican solamente a aquellos con quienes estamos de acuerdo, y la libertad de expresión no aplica solamente hacia aquellas causas que apoyamos. Los derechos humanos, sean estos sociales, ciudadanos o políticos, deben ser protegidos incondicionalmente. De lo contrario, abrimos las puertas a la discrecionalidad que le permite a los gobernantes abusar de su poder.

La libertad, como derecho humano fundamental, es indivisible e inalienable, y es nuestro deber como ciudadanos protegerla y defenderla, no solo cuando estemos de acuerdo con las particularidades de un caso o sus involucrados, sino en toda ocasión y ante toda amenaza. Como bien decía Voltaire: Puedo no estar de acuerdo con lo que dices, pero daría hasta mi vida para que tengas el derecho de decirlo.

Las amenazas a nuestra libertad rara vez son directas y absolutas. Aquellos embriagados por las mieles del poder que buscan extender su control y capacidad de ejercer su voluntad por encima de los derechos de los ciudadanos a quienes suponen servir, saben que no pueden montar un ataque directo y público a nuestros derechos, pero buscan aprovechar cualquier oportunidad para erosionar los límites a su poder que nuestros derechos ciudadanos y  políticos suponen.

Es práctica común en regímenes contrarios a la doctrina de la libertad y la sociedad abierta, utilizar acusaciones de difamación en contra de figuras relevantes y representativas de la oposición política con el propósito de inhabilitar su capacidad de ejercer una oposición efectiva, manipulando la institucionalidad correspondiente para despojarlos de sus puestos e imponiendo penas desproporcionales con la capacidad de destruir sus futuros políticos. Aprovechan entonces su presencia mediática, sus presupuestos publicitarios y su control de las instituciones públicas para montar lo que se puede describir únicamente como las cacerías de brujas del mundo moderno.

Dadas la realidades del ejercicio del poder político y las herramientas que el mismo permite hacia la formación y manipulación de la opinión pública, debemos entender que, así como decía George Orwell, la libertad de expresión es decir lo que la gente no quiere oír, y por lo tanto es necesario que esta sea defendida aun cuando coyunturalmente se esté en desacuerdo en la forma en que dicho derecho ha sido ejercido.

Si se le es permitido a un gobernante de turno, partido en gobierno o régimen judicializar el uso del derecho a la libre expresión, aun cuando estemos en desacuerdo con el contenido o la forma de dicha expresión, establecemos un precedente peligrosísimo que fortalece el uso discrecional del poder de nuestros gobernantes a un grave costo a los derechos, no solo de la oposición política, sino de la ciudadanía en general. No podemos aceptar como legítimo el uso de herramientas legales por parte de los poderosos para proteger su control sobre el poder político y amenazar el uso de nuestro derecho a disentir y a criticarlos.

Carl Sagan nos advierte sobre este peligro al decirnos que el derecho de libre expresión cuando nadie contradice al gobierno, la libertad de prensa cuando nadie está dispuesto a formular las preguntas importantes, el derecho de reunión cuando no hay protesta… por falta de uso, pueden llegar a convertirse en poco más que objetos votivos, pura palabrería patriótica. Los derechos y las libertades o se usan o se pierden. Esos derechos no aplican solamente cuando los gobernantes o la opinión pública aprueban de ellos. Estos derechos son inalienables, y es nuestro deber defenderlos.

No podemos permitir que aquellos que a su conveniencia atentan contra los principios de la sociedad libre nos embarquen hacia el camino de servidumbre del cual nos advertía Hayek. No podemos permitir que nuestros gobernantes instrumentalicen las instituciones públicas con el fin de desmantelar el Estado de Derecho sobre el cual se fundamenta nuestro sistema democrático y republicano. No podemos permitir que los derechos y las libertades de todos los ciudadanos sean erosionados por proteger los intereses de los poderosos.

Si queremos que la política en nuestro país sea diferente, debemos empezar siendo consecuentes con nuestros principios y defendiendo la libertad y los derechos de todos, no solo cuando nos es conveniente o pertinente a cada uno de nosotros, sino donde sea que se vean amenazados.